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Indígenas mayas confían en que se les haga justicia

  • Categoría: Notas de prensa
  • Publicado el Sábado, 06 Enero 2018 21:33
  • Escrito por Guillermo Marín
  • Visto: 90

De la Redacción
Periódico La Jornada
Sábado 6 de enero de 2018.
Con la extradición de Roberto N, ex gobernador de Quintana Roo, los indígenas mayas que perdieron la vista a consecuencia de un contagio intrahospitalario en la clínica Instituto de Salud Visual (Invi) durante su administración, esperan que las demandas de carácter civil y penal de reparación de daños integrales sean resueltas, ya que a más de dos años de los hechos, éstas se encuentran abandonadas por los servidores públicos de aquella entidad.

Así lo afirmó el presidente de la fundación No Más Negligencias Médicas, Fernando Avilez Tostado, quien recordó que en octubre de 2015 la citada clínica –localizada en el municipio de Benito Juárez– fue contratada por la fundación Cinépolis para llevar a cabo el programa Del Amor Nace la Vista.

En el contexto de dicho programa, medio centenar de personas perdieron la vista a consecuencia de una mala asepsia en el instrumental médico y en el quirófano, como quedó demostrado una vez que la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios clausuró la clínica e impuso una multa superior al millón de pesos.

Pese a contar con los sellos de clausura, el instrumental y equipo médico fueron sustraídos ilegalmente y el personal responsable de las operaciones de cataratas desapareció de la entidad, por lo que la demanda se amplió contra la propia fundación de la empresa de salas de cine, las autoridades de los Servicios Estales de Salud y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Quintana Roo.

En este sentido, Avilez Tostado recordó que cuando los indígenas mayas interpusieron las demandas, la esposa de Roberto N –hoy preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 de Morelos–, Mariana Zorrilla Erales, era titular del DIF de dicha entidad y amenazó a las familias de las víctimas de retirarles todos los apoyos de los programas sociales y de acusarlas de difamación, ya que habían aceptado los riesgos de la operación.

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