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Rechazan comunidades zapotecas ampliación de la mina Cuzcatlán

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Rechazan comunidades zapotecas ampliación de la mina Cuzcatlán
Más de 6 mil participantes en consulta
Acusan a diputados morenistas de trabajar para la empresa
Foto? El 10 de diciembre habitantes de los municipios de El Vergel, Los Ocotes, San Martín de los Cansecos, Monte del Toro, San Matías Chilazoa, Magdalena Ocotlán, San Dionisio Ocotepec, San Nicolás Yaxe, Santa Catarina Minas y San José del Progreso, Oaxaca, rechazaron en asamblea la ampliación del proyecto minero de la empresa Cuzcatlán.Foto La Jornada
Jorge A. Pérez Alfonso
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 14 de diciembre de 2021, p. 28
Oaxaca, Oax., En consulta comunitaria, más de 6 mil indígenas de 10 localidades zapotecas del valle de Ocotlán rechazaron la ampliación del proyecto minero de la empresa Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver, asentada en el municipio de San José del Progreso, informó Cecilia Navarro, vocera de la Colectiva Cambiémosla Ya.

La activista destacó que en este proceso participaron habitantes de El Vergel, Los Ocotes, San Martín de los Cansecos, Monte del Toro, San Matías Chilazoa, Magdalena Ocotlán, San Dionisio Ocotepec, San Nicolás Yaxe, Santa Catarina Minas y San José del Progreso, todas afectadas por el proyecto.

Las asambleas consultivas se efectuaron el 10 y 11 de diciembre en Santa Catarina Minas y en San Dionisio Ocotepec, donde se recogieron 6 mil 172 firmas de habitantes que pretendían que se entregaran a las autoridades federales, específicamente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que había aceptado observar el proceso y recibir los resultados.

Sin embargo, no llegó representante alguno de dicha dependencia ni de otras instancias que habrían acordado ir, entre ellas la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas.

Cecilia Navarro explicó que la Semarnat ya había rechazado la solicitud de la minera para ampliar su proyecto por 10 años y la autorización de 80 obras, de la cuales 75 ya fueron realizadas sin aprobación de esa dependencia.

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Este ejercicio de consulta comunitaria se dio frente a la decisión de la Semarnat de impulsar, dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental (EIA), una consulta con sólo seis comunidades afectadas por la minera Cuzcatlán, cuando esas mismas localidades, además de organizaciones sociales y expertos en riesgo e impacto ambiental, han insistido en que las consecuencias de estos proyectos se extienden más allá de las comunidades aledañas, apuntó la observadora.

La activista señaló que en ambas asambleas hubo una importante participación en la que se presentaron testimonios de las afectaciones que tendría la llegada de la empresa canadiense.

Entre esos impactos están el desgaste y ruptura del tejido social, incluso dentro de las familias; violencia creciente, que ha impedido, por más de 10 años, la elección de autoridades agrarias en San José, y que incluye desalojos, asesinatos de personas defensoras del medio ambiente; corrupción de autoridades municipales, represión del gobierno estatal (con Ulises Ruiz, quien gobernó de 2004 a 2010), y contaminación del agua con arsénico y metales pesados.

De acuerdo con el Frente No a la Minería, Por un Futuro para Todos y Todas, el mayor problema es que la Semarnat reculó de su decisión de rechazar la solicitud presentada por Cuzcatlán, lo que, según los pobladores, se debió a presiones de diputados de Morena, entre ellos los oaxaqueños Azael Santiago Chepi y Juan Ángel Domínguez, además de Yeidckol Polevnsky, ex presidenta nacional de ese partido.

Señalaron que estos legisladores han realizado gestiones en favor de la minera, pasando por encima de los derechos de las comunidades indígenas y faltando a las promesas de campaña de la 4T. En el Valle de Ocotlán, aseguraron, este grupo de políticos ignora a los habitantes por apoyar a una empresa extranjera.

Señalaron que la concesión de la minera debería ser suspendida, ya que su instalación en la región durante el gobierno de Ulises Ruiz se efectuó sin consultar a ningún ciudadano de la región, en clara violación de acuerdos internacionales.

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