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Amenaza la expansión de Grupo México a vecinos de la ribera del río Sonora

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Amenaza la expansión de Grupo México a vecinos de la ribera del río Sonora
La nueva presa de jales de la mina Buenavista del Cobre, a 20 kilómetros de la comunidad de Bacanuchi, en Sonora, abarca 6 mil 535 hectáreas y tiene una cortina de 175 metros de altura. Ahí se depositan todos los residuos tóxicos de la extracción de minerales de Grupo México y tiene una capacidad equivalente a más de 50 mil veces el volumen de tóxicos derramado en 2014 en Cananea.Foto Cristina Gómez Lima
Cristina Gómez Lima
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 6 de agosto de 2020, p. 31
Hermosillo, Son., A seis años del derrame de tóxicos en el río Sonora, los habitantes de los ocho poblados de la ribera siguen en peligro con la expansión de Grupo México, que construyó un acueducto y una presa de desechos en la mina Buenavista del Cobre, lo cual los dejó sin agua y los expone a otro derrame con instalaciones a 20 kilómetros de Bacanuchi, punto de origen del accidente.

Dos gobiernos estatales y federales han pasado desde el derrame, ocurrido el 6 de agosto de 2014, y el consorcio minero de Germán Larrea Mota Velasco, que ha provocado al menos 22 daños al medio ambiente, no ha detenido su multimillonaria producción a costa de las comunidades que sobreviven con incertidumbre sobre su salud, sin análisis de aguas y suelos, así como la migración de decenas de familias provocada por la ruina económica.

Actualmente la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) evalúa autorizar el manifiesto de impacto ambiental para la construcción de un acueducto para la extracción de metales desde La Caballera, en Cananea, hacia la zona de bombeo número uno de la mina.

El acueducto mide 11.7 kilómetros, cuenta con una estación de bombeo y caminos. Las obras abarcan 31 mil hectáreas y arrasarán con vegetación y especies animales endémicas.

Otro megaproyecto es la nueva presa de jales de Buenavista del Cobre, la cual abarcará 6 mil 535 hectáreas, tendrá una cortina de 175 metros de altura y se situará a 20 kilómetros de la comunidad de Bacanuchi. Este depósito podrá almacenar 50 mil veces el contenido de desechos tóxicos derramado en la tragedia de 2014.

El consorcio también acapara 80 por ciento del agua en Sonora, luego de apropiarse de 121 pozos y dos acueductos que captan cerca de 499 millones 838 mil metros cúbicos para uso industrial, mientras población se queda prácticamente sin agua para consumo humano y riego.

Francisco Ramón Miranda, habitante de Aconchi y miembro de los Comités de Cuenca del río Sonora, aseguró que Grupo México goza de privilegios en el estado, no reconoce los daños provocados en su expansión por Cananea y se entromete en asuntos públicos de los ayuntamientos.

La empresa que nos dañó tiene comprada a las alcaldías. Antes teníamos certidumbre de nuestro estado de salud, de la calidad del agua y de los alimentos que se riegan. Esas son las exigencias prioritarias a los tres niveles de gobierno: hacer valer nuestro derecho al agua y a la salud, expresó.

La 4T vino a pasearse al río

Pobladores afectados señalaron omisiones del secretario de Salud federal, Jorge Alcocer, y del titular de la Semarnat, Víctor Manuel Toledo Manzur, así como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), por no revisar el nuevo proyecto de la trasnacional para que garantice medidas de seguridad que eviten otro derrame de químicos.

Recordaron que, en la reunión de diciembre de 2019, en el teatro Choby Ochoa, Toledo Manzur advirtió que la Semarnat puede suspender las operaciones de Grupo México debido a que los últimos análisis de las aguas del río mostraron concentraciones de arsénico y plomo superiores a la norma en algunos de los 60 puntos del muestreo.

Sin embargo, señalaron los afectados, Toledo prometió revisar la presa de jales y garantizar la seguridad. Nos dijo que estaría en comunicación permanente con nosotros, pero fueron puras promesas.

Los habitantes de Ures, Aconchi, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Baviácora y Arizpe mantienen la esperanza de que se remedie el daño en el río Sonora, se instale la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de Salud, se practiquen análisis a las personas, la tierra y el agua, y se pague el total del fideicomiso para que la actividad productiva de la región se reactive.

Sin embargo, la Comisión Nacional del Agua ha advertido en diversos estudios que la contaminación del río Sonora con arsénico, cadmio, cobre, cromo y mercurio en las cuencas media y baja rebasa los límites estipulados en la Norma Oficial Mexicana y la Profepa sólo impuso en 2016 una multa de 23 millones de pesos a Grupo México, 0.00016 por ciento de sus ingresos ese año.

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