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LA MINERÍA MODERNA EN OAXACA

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<br>LA MINERÍA MODERNA EN OAXACA 
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ALDO GONZÁLEZ
Ojarasca 280
Periódico La Jornada.
La minería moderna empezó en Oaxaca con el Procede en 1999. Un comisariado ejidal corrupto, asesorado por una corrupta Procuraduría Agraria (PA), se prestó para falsificar documentos que permitieron que las tierras de San José del Progreso entraran al Procede, a fin de delimitarse y asignarse individualmente a los ejidatarios para ser privatizadas. Por la problemática generada, desde 2011 el ejido no cuenta con representante ejidal, ya que la PA no ha emitido convocatoria para su nombramiento.

Varios campesinos de San José, ya con la ?seguridad jurídica? proporcionada por el título del Procede y sin información previa incluso de a quién arrendaban sus tierras, firmaron contratos por treinta años que ahora aprovecha la canadiense Fortuna Silver Mines (FSM), o Minera Cuzcatlán, para cavar un gran agujero del que a la fecha no se conoce públicamente su extensión subterránea y que ha provocado un cono de abatimiento que afecta las aguas del manto freático de la región.

Lo paradójico es que mientras a los campesinos de la región, que han realizado pozos de absorción, retenes en los arroyos, jagüeyes y represas para infiltrar agua al subsuelo, la Conagua les exige soliciten concesiones para poder acceder a las aguas del manto freático, la minera no tiene necesidad de autorización para acceder a las aguas que encuentra a su paso.

La Minera Cuzcatlán inició operaciones en 2006, pero escaló el nivel de ingeniería del blando método de corrupción al establecimiento de un grupo de choque integrado por habitantes de la misma localidad, así como del respaldo de la policía estatal y federal para proteger sus intereses, a partir del 2009. Uno de los policías que encabezó el desalojo de pobladores de San José de la entrada de la mina ese año actualmente es comisionado de la 4T para la seguridad del estado de Veracruz.

Los delitos y violaciones a derechos humanos generados por la minería van del desalojo de pobladores inconformes, pasando por las detenciones arbitrarias, las agresiones a golpes y cachazos, hasta el asesinato de líderes opositores a la minería integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (Copuvo). No hay que dejar de lado los incidentes en los que han muerto personas que apoyan a la empresa minera en los que se ha tratado de involucrar como responsables a los opositores.

Con el paso del tiempo comenzaron a verse los efectos de la explotación minera en el ambiente y la afectación del manto freático. En 2018, ciudadanos, así como autoridades municipales y agrarias de la comunidad de Magdalena Ocotlán, denunciaron la contaminación de las aguas del Río Coyote debido al desbordamiento de la presa de jales de la empresa minera, afectando un trayecto de cuatro kilómetros del cauce.

Los pobladores se alarmaron porque el río desemboca en el paraje la Ciénega, donde los animales pastan y se recargan los pozos de agua potable, por lo que, desde octubre de 2018 a la fecha, los habitantes de Magdalena se vieron obligados a comprar cotidianamente agua embotellada, a fin de evitar problemas de salud por la ingestión de contaminantes disueltos en el agua.

En el dictamen presentado en febrero de 2019, cuatro meses después del suceso, la Profepa negó que las aguas del Río Coyote se hubieran contaminado, no precisamente porque hubiera realizado todos los estudios necesarios para procurar la salud de los habitantes, sino porque, entre otras cosas, expresó que el estudio realizado por estos últimos y que presentaron como prueba no había cumplido con los protocolos de recolección del agua contaminada.

En junio de 2019 AMLO fue atajado por los habitantes de Magdalena Ocotlán cuando transitaba por la carretera aledaña a la comunidad. Allí hizo el compromiso de enviar a un representante para que atendiera la problemática de contaminación de la comunidad. Un año después, cuando los habitantes de Magdalena acaban de denunciar otro caso de contaminación de sus aguas, es hora que el representante no llega: si alguna vez tuvieron esperanza, hoy están encabronados. En febrero de 2020 autoridades y habitantes de la comunidad de San Pedro Quiatoni se manifestaron en la ciudad de Oaxaca y presentaron un amparo contra concesiones mineras otorgadas entre el 20 de agosto y el 19 de diciembre de 2019 a la compañía Don David Gold México, filial de la empresa estadounidense Gold Resource Corp.

Aunque el gobierno de AMLO anunció que no entregaría más concesiones en su sexenio, en la zona ubicada entre el Valle de Oaxaca y el Istmo de Tehuantepec se detectaron seis nuevas concesiones que afectan además a los municipios de Quiatoni, Totolapam y Chichicapam. Los habitantes de Quiatoni reprobaron la mentira emitida por el representante del gobierno y afirmaron en Oaxaca: ?esta manifestación es representativa, si no somos escuchados regresaremos para que se hagan valer nuestros derechos?.

Quiatoni está molesto de que su territorio haya sido vulnerado de manera subterránea; aunque la minera tiene su entrada en San José de Gracia, quiere hacer respiraderos en su territorio. La empresa ha operado desde hace once años en la zona sin las debidas autorizaciones ambientales y ha contaminado el río que desemboca en la presa Benito Juárez, ubicada en el Jalapa del Marqués en el Istmo, afectando a las comunidades que encuentra a su paso.

En febrero de este año la Secretaría de Medio Ambiente negó la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por la Minera Cuzcatlán, a fin de ampliar por diez años más sus trabajos en la zona. Las autoridades de las comunidades que integran el Frente No a la Minería, por un Futuro de Todas y Todos habían solicitado que lo desecharan porque con esa manifestación se pretenda justificar 81 obras que la minera hizo sin autorización.

La Copuvo denunció en el marco de la Jornada por la Vida y la Madre Tierra, organizada por la Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio, que además de la destrucción del tejido social, la contaminación del agua y la remoción de enormes cantidades de tierra hechas por la minera Cuzcatlán, en los últimos meses se ha incrementado la distribución de drogas entre los jóvenes de la comunidad, siendo que los delincuentes actúan en completa impunidad.

Actualmente el Frente No a la Minería, acompañado por el Colectivo Oaxaqueño en Defensa del Territorio, se prepara para una batalla jurídica y política, ya que la minera Cuzcatlán ha presentado una nueva MIA para seguir explotando los valles de Oaxaca. En plena fase crítica de la pandemia, las comunidades se resisten a claudicar, pero necesitan el apoyo de la sociedad oaxaqueña.

Como actividad esencial del gobierno de AMLO, la minería ha recibido un trato preferencial. La Minera Cuzcatlán anunció desde mayo pasado que seguiría operando porque en el lugar había poca incidencia de contagios por Covid-19. Sin embargo, trabajadores de la empresa han revelado que hay varios trabajadores contagiados y la empresa los ha tratado de ocultar sin hacerse responsable del cuidado de su salud.

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