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México y la apachería Francisco Julián Durazo Herrmann*

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México y la apachería
<br>Francisco Julián Durazo Herrmann*
Francisco Julián Durazo Herrmann*
* Departamento de Sociología y Antropología, Universidad de Texas en El Paso, hcampbel@miners.utep.edu.
scielo.org.mx

Resumen

El propósito de este artículo es analizar, desde la perspectiva de la política exterior, las relaciones del gobierno mexicano con los apaches, una de las tribus nómadas que poblaban el septentrión mexicano. La tesis que sustenta es que, a pesar de que la política de México hacia los apaches no fue internacional ni en su objeto (los apaches nunca fueron tratados como una nación independiente) ni en sus instrumentos (la política apache fue diseñada y ejecutada principalmente por autoridades locales y estatales), esta política sí tenía un objetivo claro, aunque indirecto, de política exterior: consolidar el control mexicano sobre su frontera con los Estados Unidos.

Introducción

Uno de los problemas políticos permanentes a los que se ha enfrentado México es el de su relación con los pueblos indígenas. En el siglo XIX el problema era tanto más grave cuanto que estaba en juego la definición misma de la nación mexicana. Esta cuestión se complicaba en el caso de las tribus nómadas del septentrión, con las que la relación fue constantemente conflictiva y, a diferencia del centro del país, apenas estaba institucionalizada.

El propósito de este trabajo es analizar, desde la perspectiva de la política exterior, las relaciones de México con los apaches, una de estas tribus nómadas. La tesis aquí manejada es que la política de México hacia los apaches no fue internacional ni en su objeto (los apaches nunca fueron tratados como una nación independiente) ni en sus instrumentos (la política apache era diseñada y ejecutada principalmente por autoridades locales y estatales). No obstante, esta política sí tenía un objetivo claro ?aunque indirecto? de política exterior: consolidar el control mexicano sobre su frontera con los Estados Unidos.

México y la apachería
<br>Francisco Julián Durazo Herrmann*La exposición está dividida en cinco partes. La primera analiza el origen del conflicto. Las siguientes tres tratan las partes de la hipótesis: el estatus de los apaches frente a los mexicanos, el conflicto entre los gobiernos estatales y federal sobre la dirección de la guerra apache y la relación de la política apache con la política exterior. Al final se presentan las conclusiones y los problemas de esta hipótesis.

Esta investigación es un estudio de la política exterior mexicana, sus objetivos y sus problemas en el siglo XIX. Por ello, este trabajo no es una historia de la guerra apache en sí misma, y no intenta presentar sino, muy someramente, la perspectiva apache.



Los orígenes del conflicto

Los conquistadores españoles llegaron a la Nueva Vizcaya (los actuales estados de Chihuahua, Coahuila, Durango y Nuevo México) en la segunda mitad del siglo XVI. Sin embargo, la colonización y explotación española de la zona comenzó hasta el siglo XVII, la cual fue, además, siempre precaria debido a las distancias enormes, a la fragilidad de las instituciones sociales y políticas recién creadas y a lo reducido de la población (Saravia, 1978 v.1:293-307).

En esta época, el septentrión estaba habitado por diversas tribus nómadas y seminómadas, hostiles a la presencia colonial, como los tepehuanes, los conchos y los tobosos. Los españoles entraron rápidamente en conflicto con ellas y, tras una revuelta generalizada en 1680, las exterminaron.1 La paz resultante y el descubrimiento subsiguiente de minas de plata hicieron del siglo XVIII un siglo próspero para los novohispanos en esta región.

Sin embargo, la expansión estadounidense hacia el oeste ?que comenzó a fines del siglo XVIII?, empujó a las tribus nómadas locales al oeste y al sur. Así, los apaches invadieron la Nueva Vizcaya, aprovechando el vacío que provocó el exterminio de los pueblos anteriores (Aboites, 1992:29-62).2

La convivencia pacífica entre los apaches recién llegados y los españoles ya establecidos resultó imposible. Además de que éstos percibieron a los apaches como invasores, la filosofía política de la dominación española en América insistía en considerar a los indígenas como salvajes, y daba derecho a los conquistadores de someterlos, incluso por la fuerza.(Zavala, 1977:40ss.). El estado de rebeldía en el que se mantuvieron los apaches reforzó estas consideraciones.

Los apaches vivían en tribus nómadas y dependían de la caza y la recolección, que se convirtieron rápidamente en el robo de cosechas y ganados novohispanos. La habilidad guerrera de los apaches, así como su movilidad, les permitía enfrentarse con ventaja a los rancheros agricultores y ganaderos de la Nueva España, quienes eran mucho más lentos y desorganizados (Griffen, 1988:127ss.).

Por otra parte, los apaches estaban divididos en tribus distintas y, en ocasiones, rivales unas de otras. Operaban en territorios muy extensos, pero que se empalmaban unos con otros (Villa, 1993), lo que dificultaba a las poblaciones establecidas tratar con ellas, pues los acuerdos alcanzados con una tribu no eran reconocidos por las otras y, además, eran siempre temporales.

Para defenderse, los novohispanos organizaron un sistema de presidios fronterizos, desde los cuales soldados-agricultores debían impedir las incursiones apaches. También hubo varios intentos ?muy costosos? de pacificación. El más importante de ellos tuvo lugar en 1790, impulsado por el virrey Gálvez y su comandante general, cuando un número importante de apaches se asentó alrededor de los presidios, a cambio de subsidios en especie y privilegios comerciales con las poblaciones cercanas.

La intención del gobierno virreinal no era sólo defender a la Nueva Vizcaya de los estragos de la guerra con los apaches, sino, quizá más importante, consolidar el dominio español sobre el territorio del septentrión, que se encontraba ya amenazado entonces por las ambiciones de las otras potencias europeas y, sobre todo, del expansionismo estadounidense (Aboites, 1995:35-58).

El sistema de presidios funcionó eficazmente ?al menos por un tiempo? y permitió el desarrollo de rutas comerciales de largo alcance. La más importante de ellas era la ruta de santa Fe, que comunicaba a Chihuahua y al resto de la Nueva España con la capital de Nuevo México y, desde allí, con San Luis Missouri y los Estados Unidos. En este comercio participaban tanto novohispanos como estadounidenses y apaches, e intercambiaban todo tipo de bienes, legales unos, robados y de contrabando los más (Griffen, 1988:135ss.).



El estatus de los apaches

El México independiente heredó de la colonia un sistema contradictorio de relaciones con los pueblos indígenas en su seno. La tradición de las leyes de Indias separaba las repúblicas de indios de las de españoles, lo que en el septentrión se expresó en una división tajante entre indígenas sedentarios y nómadas, y en el intento de asentar a éstos en presidios o en misiones jesuíticas o franciscanas, alejados de las poblaciones españolas (Aboites, 1995:75-89).3

Sin embargo, la Constitución de Cádiz de 1812 declaró la igualdad de los habitantes de los reinos españoles y abolió dichas repúblicas. Estas disposiciones fueron confirmadas por un decreto del imperio mexicano de 1822 y por las constituciones federales de 1824 y 1857. A lo largo del siglo XIX se tomaron muchas otras disposiciones y medidas para tratar de establecer firmemente esta igualdad. Jurídicamente, los indígenas "formaban parte del organismo nacional" y no existían como entidad separada, aunque, en la práctica, la separación persistía (Lira, 1996:103-118).

La situación de los apaches era aún más confusa, dado su estado de rebeldía. A pesar de que en 1834 el gobernador de Chihuahua, José J. Calvo, sustentó la tesis constitucional de que "[el apache] es hijo de la gran familia mejicana y disfruta de los mismos derechos al suelo donde nació que nosotros como hijos de los conquistadores" (Orozco, 1992:245), y ofreció garantías y seguridades jurídicas a quienes se pacificaran, la opinión generalizada era que se trataba de bárbaros y salvajes, extraños a toda civilización (Orozco, 1992:203-257).

Esta última interpretación se impuso. Un dictamen de 1852 de la Cámara de Diputados federal negaba explícitamente a las tribus nómadas el carácter jurídico de nación; ello se debía a que dichas tribus no formaban parte de ningún Estado reconocido, por lo tanto, tampoco eran parte de la nación mexicana.4 La misma percepción se impuso en los tratados de Guadalupe Hidalgo y de la Mesilla, firmados con los Estados Unidos en 1848 y 1853, respectivamente, y en los demás documentos oficiales de la época relacionados con el problema.5

La aceptación del carácter bárbaro de los apaches autorizó el uso de todos los métodos de guerra, incluidos los prohibidos por el jus belli.6 Con esta base se recurrió a la traición, la violación de la inmunidad de los emisarios y la ruptura de las treguas. El objetivo de la guerra apache, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, fue el exterminio (González, 1995 v.4:24ss.).



Estado (mexicano) vs. estado (federado)

Los estados de la federación ?no el Estado mexicano? dirigieron el conflicto con los apaches. A pesar de que el gobierno federal buscó intervenir en varias ocasiones, la falta de capacidad política y de recursos económicos lo obligaron a ceder ante las autoridades estatales (sobre todo en Coahuila, Chihuahua y Sonora).

Tras la guerra de independencia, que desquició la economía nacional al desarticular el comercio, provocar la destrucción y abandono de minas y la desintegración general del país (Zoraida, 1981:768-784), los recursos para la guerra apache disminuyeron drásticamente. En estas circunstancias, el viejo sistema novohispano de presidios y establecimientos de paz se derrumbó en 1831.

Los gobiernos locales debieron enfrentar solos la renovación de la amenaza apache, pues sus llamados de auxilio al gobierno federal no fueron atendidos (sea porque éste los consideró exagerados o porque tenía problemas propios más urgentes). Los gobiernos estatales ?tomando atribuciones propias del Estado nacional? declararon formalmente la guerra a los apaches, tomaron las medidas necesarias para enfrentarlos (formación de milicias civiles, entrenamiento de fuerzas regulares, contribuciones especiales) y las financiaron con recursos propios. La estrechez financiera, sin embargo, impidió que estos esfuerzos fueran efectivos (Orozco, 1992:13-31).7

También fueron los gobiernos estatales los que negociaron directamente con los apaches y los que firmaron los acuerdos que se alcanzaron. En algunos casos, fueron los pueblos mismos los que, desesperados, pactaron con los apaches. Las distancias con la capital del país e, incluso, del estado, dificultaban cualquier intento de normalización o fiscalización. Casi ninguno de estos acuerdos fue duradero y muchos ni siquiera se pusieron en práctica.8

Uno de los pocos acuerdos permanentes fue el que alcanzó el estado de Coahuila con los kikapúes y seminoles poco después del fin de la guerra con los Estados Unidos en 1848, por el que estas dos tribus recibieron tierras y algunos derechos en ese estado a cambio de luchar contra las demás tribus nómadas. Sin embargo, incluso este acuerdo se cumplió de manera irregular y dio lugar a muchas críticas y quejas sobre la poca confiabilidad de los apaches (Villarello, 1989:137-143).

En sonora, el gobierno del estado debió descuidar su atención del problema apache, concentrado en el norte más despoblado, y enfrentar a los yaquis, un pueblo asentado en las márgenes del río Yaqui y que gozaba de un alto grado de control sobre su territorio, fértil y promisorio. Los yaquis se sublevaron varias veces entre 1825 y 1833 y absorbieron la atención política y militar del gobierno de Sonora. Los primeros decretos sonorenses relativos al problema apache aparecieron en la década de 1850, y siguieron la pauta marcada por Chihuahua y Coahuila.(Hu-de Hart, 1989:207-213).

La guerra contra los apaches en el siglo XIX, a diferencia de lo que había sido en el siglo XVIII, fue más social que militar, por la desorganización y la pobreza de los esfuerzos gubernamentales. Cada población, ranchería o hacienda quedó prácticamente a merced de sus propios recursos. En consecuencia, los apaches pudieron imponer a los mexicanos un sistema de treguas parciales, debido a la vulnerabilidad de sus poblaciones y a su dependencia del comercio, tanto con otros mexicanos y estadounidenses, como con los mismos apaches (Griffen, 1988:1-18).

Este sistema era inestable y, además, insatisfactorio desde el punto de vista mexicano del conflicto, pues ponía en duda la solidaridad y la lealtad nacionales. Las autoridades federales comprendieron, poco a poco, los riesgos de la situación, pero fueron incapaces de hacerle frente, por la magnitud y variedad de los otros problemas que las agobiaban.9

El intento de remediar la dispersión de esfuerzos mediante una coalición de estados fronterizos fracasó por la oposición del Congreso de la Unión. A pesar de que la Cámara de Diputados había aprobado dicha coalición en abril de 1852, el senado la rechazó en diciembre, arguyendo el peligro para la integridad territorial del país. El senado se negó, además, a aprobar fondos nuevos y exigió que el gobierno federal dirigiera la guerra apache. Por otra parte, la lentitud con que fue tratado el problema demuestra lo secundario que esta cuestión resultaba para las autoridades federales.10

Por otra parte, a todo lo largo del siglo XIX, los gobiernos estatales y federal se vieron envueltos en una disputa sobre el destino de los escasos recursos federales para la guerra apache. El gobierno federal defendía la creación de colonias militares y penales, controladas directamente por él, mientras que los gobiernos estatales preferían recibir estos recursos en efectivo, para disponer de ellos según su criterio. Dada las dificultades materiales para organizar y sostener las colonias, la opción estatal ?de organizar milicias y preparar a los pobladores para que hicieran frente por cuenta propia a la amenaza? se impuso (González, Cosío y Monroy, 1955:176-190).

Aún después de la intervención francesa (1862-1867), cuando el Estado mexicano empezó a consolidarse de manera definitiva, la dirección de la guerra apache siguió en manos estatales. Así, las recompensas por cabelleras y cautivos apaches (un expediente diseñado para garantizar la participación privada en la guerra) se pagaban con recursos estatales ?o federales, controlados por los estados (Calderón, 1955:321,359).

La disputa entre estados y federación llegó hasta el final de la guerra apache. En consecuencia, el ejército federal se negó a participar, a pesar de estar en posición de hacerlo, en la batalla de Tres Castillos, en 1882, cuando las fuerzas públicas del estado de Chihuahua derrotaron a la última banda apache (Aboites, 1992:113ss).



Política apache y política exterior

Ya desde el periodo colonial las autoridades novohispanas advertían que la integridad del territorio dependía de la ocupación efectiva del septentrión mexicano y que ésta, a su vez, dependía de la pacificación o el exterminio de los apaches. El proyecto ilustrado de finales del siglo XVIII buscaba hacer permanente la presencia militar, política y económica novohispana en la Nueva Vizcaya, con la instalación de colonias y presidios. Este proyecto fracasó tras la independencia de México por falta de recursos; no obstante, siguió sirviendo de modelo e inspiración para los gobiernos posteriores. De cualquier manera, el desorden que reinaba en el país, en general, y en los estados fronterizos, en particular, dificultó cualquier avance y, en la práctica, complicó aún más la situación.

A partir de 1831, la situación se volvió crítica. Los ataques de los apaches perjudicaron gravemente las bases del sistema económico del septentrión ?sobre todo la ganadería? e indujeron el abandono de poblaciones importantes, sobre todo en Sonora y Chihuahua. Las comunicaciones se volvieron inseguras e incluso la minería, otrora pujante, se desquició (Aboites, 1995:35-38).

La guerra con los Estados Unidos (1846-1848) y la pérdida de los territorios más septentrionales demostraron que los temores al expansionismo estaban plenamente fundados y que la solución del problema era urgente. El poblamiento de los territorios fronterizos seguía siendo indispensable (Aboites, 1995).

La compra de la Mesilla en 1853 y las pretensiones estadounidenses de perseguir "en caliente" (hot pursuit) a los apaches, violando incluso territorio mexicano, demostraron la persistencia de la amenaza. Este problema no se resolvió formalmente sino en 1882, cuando un acuerdo autorizó a ambos países ?y no sólo a los Estados Unidos? a cruzar la frontera en persecución de los apaches y el gobierno estadounidense abandonó oficialmente toda pretensión sobre territorio mexicano. Sin embargo, y a pesar de estas fricciones, existían acuerdos informales de cooperación y trabajo conjunto entre las autoridades locales de ambos lados de la frontera (Lajous, 1990:47ss).

El gobierno federal trató de participar en la solución del problema. El citado dictamen de la Cámara de Diputados de 1852 decía: "si importa convertir los desiertos en poblaciones, más imperiosa debe ser la obligación de impedir que las poblaciones se conviertan en desiertos" (Orozco, 1992:285). Por ello la cámara se negó a eliminar los recursos destinados a la colonización militar y civil, ni siquiera para transferirlos a otras formas de lucha contra los apaches. El senado también sostuvo esta posición (Orozco, 1992:279-303).

Por otra parte, en las negociaciones del Tratado de Guadalupe Hidalgo ?que terminó la guerra con los Estados Unidos?, México logró la inclusión de una cláusula que responsabilizaba a los estadounidenses de las incursiones apaches en México provenientes de su territorio, a las que debía reprimir o reparar.11 La anulación de esta cláusula ?que fue totalmente inoperante? por el Tratado de la Mesilla fue objeto de una reparación pecuniaria (Zoraida, 1990:142, 154, 168).12

Las secretarías federales de Guerra y Marina y de Relaciones Exteriores, buscaron coordinarse entre sí y con la Legación de México en los Estados Unidos para comprar armas y exigir extradiciones y liberación de prisioneros a las autoridades estadounidenses. Estas actividades consumieron buena parte del tiempo de los ministros mexicanos en Washington, casi hasta el final del siglo XIX.13

En el plano estatal, algunas de las disposiciones más importantes estuvieron destinadas a socorrer a las poblaciones más expuestas a las incursiones apaches. Las medidas comprendían desde la exención de diezmos e impuestos, hasta la instalación de cuarteles y presidios en dichos poblados (Enriquez y Rodríguez, 1989:203-257).

Todo el sistema de distribución y tenencia de la tierra en el norte del país giró alrededor de la necesidad de poblar el territorio. Los estados y la federación también se disputaron el control del proceso (que, en este caso, ganó el gobierno federal), pero no pusieron en duda la premisa básica del poblamiento (Aboites, 1992:95-119). Por otra parte, varios proyectos de promoción a la inmigración incluían, entre las obligaciones inmediatas de los migrantes ?generalmente exentos de toda imposición durante cinco años? el alistarse para combatir a los nómadas (Calderón, 1955:74).

La relación entre la colonización del septentrión y la lucha contra las tribus nómadas quedó demostrada con la introducción del ferrocarril. Éste propició, al mismo tiempo, la represión definitiva de los apaches y el movimiento de población hacia el norte (principalmente Chihuahua, Nuevo León y Sonora) (González Navarro, 1995:25ss).

El ferrocarril y los demás sistemas de comunicaciones y transportes introducidos a partir de 1867, integraron el septentrión, política y económicamente, al resto del país de manera permanente. México se consolidó como Estado nacional en este periodo y disminuyó, al mismo tiempo, la amenaza de separación territorial de los estados fronterizos.



Otros elementos del problema

Queda claro que la consolidación del control mexicano sobre su frontera norte estuvo directamente relacionada con la solución del problema apache, y que esta solución estuvo básicamente en manos de los gobiernos estatales, a pesar de su importancia política para la federación. También es evidente que la nación apache nunca fue tratada como tal por las autoridades mexicanas, quienes finalmente la exterminaron.

Sin embargo, este análisis no es perfecto. Por un lado, el interés estatal por terminar con la amenaza apache no estuvo completamente determinado por el deseo de consolidar la frontera, sino también ?sobre todo a partir de 1850? por el interés de las oligarquías locales, terratenientes y ganaderas, en acabar con la amenaza más importante a la fuente de su riqueza (el caso más notable es el de la familia Terrazas en Chihuahua) (Orozco, 1992; Aboites, 1992).

Por el otro, el Estado mexicano sí se ocupó del problema apache ? y del problema general de la frontera? por las vías tradicionales de la política exterior. Ello quedó demostrado en que la mayor parte de las fricciones diplomáticas entre México y los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX, tuvieron como trasfondo el problema de las incursiones nómadas.

Otro factor que debe tomarse en cuenta es la participación estadounidense en la solución del problema apache mexicano. Aunque al principio hubo una especie de alianza entre apaches y estadounidenses contra los mexicanos (que eran el enemigo común), poco a poco las autoridades estatales y federal de los Estados Unidos intervinieron en el conflicto y declararon la guerra a los apaches por su cuenta (Nuevo México, por ejemplo, lo hizo en 1854) (Antochiw, 1989:405ss).

Después del término de la guerra de secesión (1865), los Estados Unidos pudieron enviar un número importante de tropas a la frontera con México, con el objeto de acabar con los apaches y las otras tribus nómadas insumisas, creándoles un segundo frente. El avance tecnológico y estratégico al que no tuvieron acceso los apaches, por razones tanto políticas como culturales, fue otro elemento en su derrota (González y González, 1955:185ss).

También conviene reconsiderar el grado de control que se alcanzó sobre la frontera. México nunca pudo impedir las expediciones punitivas estadounidenses en contra de los apaches o de otras personas. Formalizando una situación de facto, México y los Estados Unidos firmaron un acuerdo en julio de 1882, que permitía a las fuerzas federales de cada país el paso recíproco de la frontera en persecución de las tribus nómadas (u otros delincuentes) (González Navarro, 1995:244).

A pesar de estos problemas, la política exterior no tradicional, conducida por entidades subestatales (estados federados) frente a un enemigo extracivilizacional, "bárbaro", es fundamental en la explicación de la frontera septentrional mexicana como la conocemos hoy. Así, una perspectiva heterodoxa de los problemas de México en sus relaciones con las naciones indígenas puede servir para analizar exitosamente la política exterior mexicana.



Bibliografía

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Notas

1 Para una historia detallada de las rebeliones indígenas de la Nueva Vizcaya en el siglo XVII, véase Saravia, 1978, v.2: primera parte.

2 Para una historia de la expansión estadounidense hacia el oeste, véase José Fuentes Mares, Génesis del expansionismo norteamericano, (1984).

3 Para ver la diferencia en las relaciones entre los indígenas sedentarios (como los yaquis) y los nómadas (los apaches), consúltese Mario cuevas Arámburu (comp.), Sonora. Textos de su historia, (1989).

4 Dictamen basado en una interpretación de la constitución estadounidense, considerada como fuente de la mexicana. Véase el "Dictamen presentado a la cámara de Diputados por una comisión de su seno sobre la coalición de los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo-León, San Luis, Tamaulipas y Zacatecas, para hacer la guerra a los bárbaros" (Orozco, 1992:279-292).

5 Véanse, por ejemplo, los tratados de paz, amistad y límites de 1848 y de límites de 1853, y el reporte que una comisión pesquisadora entregó al presidente Sebastián Lerdo de Tejada en 1872, en Eduardo Enríquez Terrazas y Martha Rodríguez García (comps.), Coahuila. Textos de su historia (1989:143-187).

6 El jus belli o derecho de guerra es un cuerpo de derecho internacional que comenzó a compilarse en la segunda mitad del siglo XIX, en las conferencias de La Haya y de Ginebra. Sin embargo, sus provisiones principales, como las de no causar sufrimientos innecesarios, respetar la vida de los prisioneros, respetar a la población no combatiente, etcétera, eran normas de derecho consuetudinario desde muchos siglos atrás (Sorensen, 1973:733-772).

7 Véase como ejemplo de este tipo de movilización el Decreto núm. 122 del gobierno del estado de Sonora del 7 de febrero de 1850.

8 Estos acuerdos proveían a la sedentarización de los apaches, les permitían una forma limitada de comercio y les obligaba a colaborar en la lucha contra las tribus rebeldes; también incluían provisiones para el intercambio de prisioneros. Los mexicanos sometían estos tratados a la aprobación de los gobiernos estatales y federales y de las autoridades militares, a quienes los apaches deberían supuestamente ver, en lo sucesivo, como supremas (W. Griffen, 1988:191ss.).

9 Véase, por ejemplo, la carta del secretario de Guerra y Marina al de Relaciones Exteriores de marzo de 1848, citada por I. Villarello Vélez, (1989).

10 "Dictamen de la segunda comisión de guerra a la cámara de senadores sobre el acuerdo relativo a la coalición de estados fronterizos para la defensa contra los bárbaros", en: Orozco (1992:293-300).

11 Esta cláusula fue sugerida por la legislatura de Chihuahua, que buscaba garantizar la seguridad de su población. Véase "Demanda de la diputación permanente del Congreso en relación al tratado de paz con Estados Unidos y los indios 'bárbaros' ", en Orozco, (1992:256). y el art. XI del Tratado de paz, amistad y límites del 2 de febrero de 1848.

12 Véanse también los arts. II y III del Tratado de límites del 30 de diciembre de 1853.

13 Por ejemplo, el reporte citado de la comisión pesquisadora al presidente Lerdo de Tejada en 1872, en E. Enríquez Terrazas y M. Rodríguez García (comps.), Coahuila, Textos de su historia (1989:143-187).

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